¡Revelaciones de los mayas 2012 y más allá!

Material fílmico de la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, el cual sería utilizado para uno de los documentales más esperados de los últimos años a nivel internacional, fue robado y sustraído de manera ilegal del país.

El caso ocurrido en 2012 -hasta ahora develado por Crónica- ha encerrado corruptelas, dilación e indiferencia por parte de la PGR y de la Procuraduría estatal, así como desencuentros entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y organismos independientes ligados al cine y la televisión en Estados Unidos, lo que lo convierte en potencial conflicto binacional.

Legisladores de la Unión Americana y la comunidad de productores de Hollywood conformaron ya un frente de defensa y en los próximos días buscarán exponer el tema ante Enrique Peña Nieto.

Según el INAH las imágenes saqueadas representan parte del patrimonio cultural del país y, por tanto, son propiedad del Estado Mexicano, el principal afectado. Sin embargo, el hurto también dañó de forma directa al productor y filántropo Raúl Julia Levy, hijo del reconocido actor Raúl Julia y presidente de Secret of Mayans Productions, a quien el Instituto había otorgado desde noviembre de 2011 el permiso exclusivo para realizar las videograbaciones. En la autorización -firmada por María del Socorro Villarreal, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos, y dirigida a Lirio Suárez Améndola, delegada del INAH en Campeche- el Instituto señaló que las imágenes serían utilizadas para realizar el largometraje documental Revelations of the Mayans 2012 and Beyond, el cual sería distribuido a nivel mundial en cine y televisión, y alertó que cualquier incumplimiento derivaría en responsabilidades legales.

Conforme a la denuncia por fraude, robo y abuso de confianza (CCH-2453-2012), interpuesta por Julia Levy, la responsable del atraco es Elisabeth Thieriot, una polaca dedicada a la farándula y quien se hizo millonaria al casarse y luego divorciarse de Charles Thieriot, integrante de una familia vinculada al imperio de los medios de comunicación en EU.

La mujer se había convertido en socia del proyecto, pero optó por huir con la filmación el 14 de abril de 2012, en plena recta final del trabajo. Se llevó, además de 24 discos duros y 10 torres para guardar información, cámaras, computadoras, tarjetas y memorias. Más allá del conflicto entre socios, la trama ha revelado anomalías en la PGJ de Campeche desde el momento del robo, cuando fungía como titular Renato Sales Heredia -hoy flamante zar antisecuestro-, hasta la actualidad, con José Ambrosio Herrera como procurador.

En más de dos años, ha predominado la simulación, reflejada en tardías solicitudes de colaboración al resto de las procuradurías estatales para localizar y presentar a la polaca -quien logró huir a San Francisco, California- y a otros tres técnicos mexicanos implicados: Eduardo Vértiz Mascareñas, Eduardo de la Cerda y Emiliano Chaparro, de quienes se sabe están refugiados en el DF.

“La Procuraduría de Campeche ha omitido consignar una y otra vez a Thieriot porque se destaparía toda la corrupción, el dinero que ella ha soltado desde que presenté la denuncia”, acusa Raúl Julia. Y ejemplifica: “La abogada de esta mujer ya había acordado con la delegación del INAH en Campeche entregar el material en el consulado de México en Los Ángeles, pero luego se reunió con el corrupto de Sergio Rosado, secretario particular del Procurador (Sales Heredia, quien dejó el cargo a principios de junio de 2013 para incorporarse a la PGR) y ya no entregaron nada, hasta recibí un correo amenazante de Thieriot”.

En el camino, la millonaria ha intentado vender las imágenes a History Channel y Asia Pacific - compañía de entretenimiento más grande de Asia-, pero advertencias desde Hollywood evitaron otro fraude. A la par, el 5 de junio de 2012 buscó obtener un nuevo permiso de filmación ante el INAH para otro supuesto documental llamado “Decoding B’aqtun”, el cual fue negado por la anuencia previa a favor de Julia.

En el ámbito federal las irregularidades son similares: el proceso legal por violación a la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos abierto en la PGR también quedó en el olvido, lo que coincidió con la llegada del propio Sales Heredia a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la institución.

“Se está afectando el interés público, la imagen de monumentos arqueológicos que son bienes propiedad de la nación y su uso social, porque nadie puede garantizar que estas personas no hayan comercializado ya las tomas; se ha afectado también a nuestras culturas y el funcionamiento del INAH, encargado de proteger que esos bienes se usen para fines científicos, de investigación y difusión cultural, y no para un uso arbitrario, particular y mercantil”, apuntó el doctor Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.

SAQUEO PATRIMONIAL. En las autorizaciones para filmar en Calakmul y después en la Isla de Jaina -también Campeche- se precisó que las imágenes no representaban una cesión de derechos, pues pertenecían al Estado mexicano, el cual sería siempre titular de sus derechos morales según las leyes federales de Derecho de Autor y de Munumentos y Zonas Arqueológicos, así como la Ley General de Bienes Nacionales.

Además de que el INAH se encargaría de custodiar el sitio y los bienes muebles asociados a él, como el material filmado. “Las imágenes en Calakmul y Jaina son propiedad de la nación mexicana y su uso corresponde exclusivamente al señor Julia”, expresó el Instituto sobre el caso. “Apropiarse de las imágenes de México sin contar con la autorización correspondiente constituye un delito sancionado conforme a las leyes mexicanas y bajo la protección de los tratados internacionales”.

Pero un organismo estadunidense se entrometió en la historia y acrecentó la pugna, al grado de rondar ya los terrenos presidenciales…

La ley En torno a las sanciones previstas para el caso, el artículo 49 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos establece: “Al que efectúe cualquier acto traslativo de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a 10 años y multa de mil a quince mil pesos”.